Comunicados
Pronunciamiento de las Organizaciones de y para Personas con Discapacidad en el 16 aniversario de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU
El día 03 de mayo del año 2008, entró en vigencia la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como Ley de la República de El salvador, lo cual constituyó un camino esperanzador para todas las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones en la lucha por el cumplimiento de sus derechos.
Hoy, a 16 años de haber entrado en vigor la Convención, las organizaciones de y para personas con discapacidad seguimos presenciando cómo, lo que en su momento significó la ruta para la garantía de nuestros derechos, ha venido en declive debido a la falta de voluntad y de interés de los Gobernantes al no asumir su compromiso, en tanto que el Estado salvadoreño como signatario de la Convención está obligado con su implementación.
No obstante, reconocemos que, a pesar de los innumerables obstáculos que hemos enfrentado, nuestra lucha organizada ha tenido resultados significativos, como la aprobación de la Ley Especial de Inclusión en el año 2020, la cual mantiene el espíritu y los principios de la Convención, convirtiéndose ambas en herramientas para asegurar y proteger los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
Otro logro que podemos subrayar es, que gradualmente nuestra sociedad ha avanzado hacia una comprensión menos excluyente acerca de la discapacidad, las diferencias humanas y la diversidad, aunque falta mucho camino que recorrer para la erradicación de la discriminación en la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Discriminación que alcanza su punto máximo en la vulneración o negación de derechos desde el mismo Estado.
En tal sentido, nuestras demandas persisten y, actualmente, con más intensidad debido al pliego de reformas a la Ley Especial de Inclusión presentadas con carácter de urgencia el pasado 26 de junio de 2023 por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial a la Asamblea Legislativa, reformas que amenazan lo establecido en la Convención en lo concerniente a la estrecha consulta a las representaciones de las personas con discapacidad, dejando de lado su No reconocimiento y protagonismo de la persona con discapacidad en la construcción de un encuadre legal inclusivo.
Por todo lo anterior, las Organizaciones de y Para Personas con Discapacidad y sus familias demandamos los siguientes puntos:
1. A la Asamblea Legislativa, a no establecer más prorrogas de la Ley de Inclusión y que se trabaje en los mecanismos necesarios para su pronta implementación.
2. A NO reformar el capítulo 18 de la Ley Especial de Inclusión concerniente al “Tribunal Sancionador”, puesto que estaría dejando la Ley, sin los colmillos, para sancionar contundentemente a quienes violen los derechos de las personas con discapacidad. Una unidad de sanciones adjunta al CONAIPD, como se plantea en las reformas, solo significa una burla para las personas con discapacidad porque serían juez y parte, donde se corre el riego de que primen los intereses de las instituciones y no de la persona.
3. Al Ministerio de Hacienda, a girar directrices para que se incluya en la política presupuestaria 2025 fondos para la ejecución de la Ley Especial de Inclusión.
4. A garantizar la Protección Social de las Personas con Discapacidad y sus cuidadores con la asignación de una pensión universal diferenciada, a fin de asegurarles una vida plena y digna.
5. A mantener la autonomía del CONAIPD y la paridad lograda en el Decreto 80 en el año 2010 entre los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y representantes del Gobierno en un encuadre de ejercicio de democracia real, además de elaborar la Política Nacional de Discapacidad.
6. Al viceministro de transporte, que las nuevas unidades de transporte sean accesibles para las personas con discapacidad, garantizando un trato digno y de calidad.
7. Al Ministerio de Salud, que garantice el suministro de medicamentos especializados para las personas con discapacidad.
Señor presidente de la República, señores de la Asamblea Legislativa, las personas con discapacidad no deben continuar excluidas de sus derechos y a expensas de la buena voluntad de los políticos, quienes no toman como prioridad a este sector vulnerado. ¡Basta ya! de retrasar el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Nada de Nosotros sin Nosotros.
San Salvador, 03 de mayo de 2024.-
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Comunicado de las Organizaciones de y para Personas con Discapacidad en el marco de los 14 años de entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
LAS ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGIMOS CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN Y LA LEY ESPECIAL DE INCLUSIÓN.
Este día 3 de mayo en conmemoración al Día de entrada en vigencia de la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizaciones de y para personas con discapacidad externamos la preocupación ante el deterioro de la institucionalidad por parte del ministerio público que debe promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población con Discapacidad.
Expresamos nuestra profunda preocupación ante el “Estado de Excepción” o “Régimen de Excepción” decretado por la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele. Nuestras organizaciones han dado seguimiento y no vemos necesario estos regímenes para el logro del ataque a la criminalidad ya que se ha dado muchas arbitrariedades no solo en la población general si no a las personas con discapacidad.
Además de lo anterior a 14 años siguen las deudas históricas e incumplimientos por lo que seguimos demandando:
Al presidente de la república Señor NayibBukele:
- Cumpla con su obligación constitucional a la brevedad, formulando el Reglamento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad -LEIPCD; asegurando la participación efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que les representan.
- Instruya a su gabinete degobierno para que las secretarías del Estado asuman sus responsabilidades, adopten medidas, mecanismos y presupuestos para la inclusión de las personas con discapacidad.
- Asimismo, instruya a que cumplan con diligencia sus responsabilidades al hacer parte del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con discapacidad -CONAIPD.
A la Asamblea Legislativa:
- Cumpla con responsabilidad su mandato legislativo e inicie el proceso de la armonización de la legislación nacional, en conformidad con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo, y en consideración a las Observaciones al Estado salvadoreño por parte del Comité de Expertos de la ONU, emitidas en el último examen de cumplimiento de dicha Convención (2019).
Al Órgano Judicial:
- En cumplimiento de su mandato, agilice la emisión directriz para que se apliquen medidas y mecanismos que garantice a las personas con discapacidad el acceso a la justicia, el debido proceso y la pronta y debida justicia.
Al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad -CONAIPD:
- En su calidad de ente rector de discapacidad con autonomía, desempeñe la rectoría a partir de las atribuciones conferidas en la Ley Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
- Que observe el debido respeto a la participación de la sociedad civil representada en el Consejo, tanto en el Pleno como en el Comité Técnico;
- En su calidad de ente rector autónomo asuma su mandato con la debida responsabilidad diligenciando al presidente Nayib Bukele la formulación y aprobación del Reglamento de la Ley, así como en el pleno del Consejo la formulación de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y se incluya la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que les representan;
- Establezca con diligencia las coordinaciones interinstitucionales y el diseño de un plan específico para que el país cuente con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad;
- Se diseñe un plan de acción y presupuesto para la pronta instalación del Tribunal Sancionador;
- Emita directrices claras a las entidades públicas de manera que se garantice la inclusión de las personas con discapacidad, además vigile y supervise la implementación de políticas, programas y proyectos asegurando que no vayan en detrimento de los derechos de las personas con discapacidad;
- Agilice el diseño deun plan de acciones estratégicas para el monitoreo y la supervisión del cumplimiento a la ley, y formule un presupuesto acorde a las exigencias de su mandato.
A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH:
- El fiel cumplimiento a su mandato, un papel más proactivo en su labor de observador y vigilante de los derechos humanos a éste colectivo,en las sesiones Pleno y Comité Técnico del CONAIPD;
- Atienda con responsabilidad y diligencia su mandato de vigilar al Estado en el cumplimiento de los derechos humanos de personas con discapacidad;
En el marco del régimen de excepción, demandamos:
- Que no se siga prorrogando dicho régimen y que aun con dicho régimen se respeten los derechos humanos de las personas en general y especialmente las personas con discapacidad.
- Se garantice el acceso a la justicia, el debido proceso y los ajustes de procedimiento respectivos, tal y como la LEIPCD lo establece;
- A las autoridades civiles, judiciales, policiales y militares se respete la dignidad humana de todas las personas sin distinción, incluyendo a las personas con discapacidad.
San Salvador, 3 de mayo de 2022.
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Las Organizaciones de y para Personas con Discapacidad demandan al Estado el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión.
San Salvador, 06 de octubre de 2021
Las organizaciones de y para personas con discapacidad, este día nos hacemos presente a Casa Presidencial para exponer nuestras demandas conforme a las obligaciones del Órgano Ejecutivo en el cumplimiento de nuestros derechos. Estamos aquí ejerciendo nuestro derecho legítimo consagrado en la Constitución de la República en su artículo seis “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos…”
El primero de enero del presente año, entró en vigencia la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, desde entonces han transcurrido diez meses de dicha vigencia y aun no se visualizan acciones de cumplimiento de esta ley por parte del Gobierno de Nayib Bukele, por lo tanto, hacemos del conocimiento público las siguientes demandas:
- La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad es un punto de partida para la transformación de la sociedad salvadoreña hacia el respeto y garantías de los derechos de las personas con discapacidad, que hasta esta fecha es una deuda histórica, por tanto demandamos que el Presidente de la República, dé la importancia que merece esta ley, decretando las directrices pertinentes a todas sus dependencias gubernamentales para que se cumpla lo establecido en la ley; principalmente la elaboración del Reglamento que permita operativizar la ley en todos los nivel de las instancias del Estado. Señor presidente, USTED ha incumplido con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad al incumplir el periodo para la elaboración de dicho Reglamento. Le recordamos que este Reglamento debe ser consultado con las organizaciones de personas con discapacidad tal cual establece la ley.
- Las organizaciones de y para Personas con Discapacidad demandamos el establecimiento de los espacios de participación y diálogo con el gobierno, es un derecho legítimo establecido en la normativa nacional, pero además en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4, Obligaciones del Estado, numeral 3. Por lo que rechazamos rotundamente que el Presidente del Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) – Dr. Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza -Vice Ministro de Salud, este promoviendo reformas a la Ley Especial de Inclusión de manera inconsulta y sin la participación de los y las representantes de las organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional. Le recordamos señor Presidente que la Ley Especial de Inclusión ha sido elaborada desde las organizaciones, las cuales luchamos por siete años hasta que ésta se convirtiera en Ley de la República, por lo cual exigimos respeto.
- Exigimos que se cumpla el articulo 10 de la Ley Especial de Inclusión y que el Ministro de Hacienda, Licenciado José Alejandro Zelaya, garantice que el Presupuesto General de la Nación 2022, contenga recursos para la aplicación de esta ley desde las diferentes instituciones del Estado.
- Exigimos que el Presidente del Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad – Dr. Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza -Vice Ministro de Salud, inicie de manera urgente la Convocatoria para la conformación e instalación del Tribunal Sancionador establecido en la Ley Especial de Inclusión, y el cual se dote de recursos inmediatos para hacer posible su instalación de tal manera que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 137, y este entre en funciones el primero de enero de 2022.
- Exigimos que el CONAIPD retome su papel de autonomía conforme a las obligaciones que le dicta la ley, ejerza su rectoría e inicie urgente la Elaboración de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad; la cual disponga inmediatamente de acciones de protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad conforme a lo que la ley establece y sobre todo de cara al contexto de pandemia por COVID-19.
Finalmente hacemos un llamado de unidad a las personas con discapacidad en general a tomar postura crítica y exigir fuertemente el cumplimiento de nuestros derechos consagrados en la normativa nacional e internacional.
Las organizaciones de personas con discapacidad continuaremos luchando por los derechos: Organización de Personas con Discapacidad Visual, Organización de Padres, Madres y Familiares de Niñez con Discapacidad, Organizaciones de Personas con Discapacidad Municipales, Organizaciones de Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad en total dependencia, Organización de Atención a Personas con Discapacidad.
Cumpliendo Derechos, se Reducen Barreras…
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INCLUSIÓN
El 3 de mayo se conmemoraron trece años de entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, tratado universal que tiene como propósito promover, proteger y garantizar los Derechos fundamentales de todas las Personas con Discapacidad.
La Convención propició en nuestro país la creación y la aprobación de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, normativa que armoniza las demandas de la Convención y el enfoque de derechos humanos.
La Ley Especial de Inclusión entró en vigor el pasado 1 de enero, tras pasar 5 meses de este acontecimiento significativo para este colectivo, nos preocupa que aún no se den visos para el efectivo cumplimiento de dicha Ley.
En ese sentido las Organizaciones de y para personas con discapacidad que aglutinamos la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, expresamos lo siguiente:
- A la Asamblea Legislativa que inicie un proceso de armonización de las normativas nacionales conforme a la Convención sobre Derechos de Personas con discapacidad y a la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad.
- Que la Asamblea Legislativa cree los mecanismos necesarios para que la Comisión de Hacienda vigile el cumplimiento del artículo 10 referido a la asignación presupuestaria por parte de las instituciones gubernamentales en Cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad
- Que la Asamblea Legislativa solicite informes, a las instituciones del Órgano Ejecutivo sobre la asignación presupuestaria para cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad.
- Que la Asamblea Legislativa se abstenga de modificar la antigua Ley del FODES, ya que es una posibilidad de fuente de financiamiento de las alcaldías municipales para el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad
- Al Presidente de la República, Nayib Bukele y a su gabinete de gobierno, a que adopte medidas concretas para que los ministros-as y vice ministros-as asuman con responsabilidad su rol dentro del CONAIPD y que se elabore a prontitud la Política Nacional de Inclusión, y los reglamentos necesarios para la aplicación de la Ley Especial de Inclusión.
- Al Ministerio de Hacienda, al momento de elaborar la política presupuestaria correspondiente al año fiscal que incorpore los lineamientos respectivos los cuales serán de estricto cumplimiento para que las instituciones públicas asignen presupuesto de la Ley Especial de Inclusión.
- Al Ministerio de Salud, a que fortalezca y amplíe políticas y programas de rehabilitación y habilitación integral adoptando la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, con el fin de generar la inclusión de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
- Al Ministerio de Educación, a que desarrolle una política de educación inclusiva para que en todas las escuelas del país y cumpla con lo establecido en la Ley de Inclusión.
- Al Ministerio de Trabajo, asegurar el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en ámbitos públicos como privados, en entornos laborales inclusivos, con dignidad, accesibles sin discriminación.
- Al Ministerio de Cultura y al INDES, asignar un presupuesto específico para desarrollar programas culturales y deportivos en las zonas rurales del país.
- Al sistema de Administración de justicia garantizar los ajustes necesarios promoviendo el acceso a la justicia, el reconocimiento de la capacidad jurídica principalmente mujeres y niñas con discapacidad.
Finalmente, un llamado a la población en general a cambiar todas y todos hacia una sociedad más inclusiva y continúen apoyándonos en nuestras acciones de incidencia.
San Salvador, 5 de mayo de 2021
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